¿Alguna vez te has preguntado por qué ves ciertos contenidos en tus redes y no otros? ¿O por qué a veces una publicación tuya desaparece sin explicación? Si viste The Social Dilemma, ese documental de Netflix que expone cómo las plataformas digitales manipulan lo que pensamos, seguramente te quedaste con la misma inquietud que yo ¿realmente tenemos control sobre lo que consumimos?
Esa es una de las razones por las que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que recientemente fue presentado en el Congreso dominicano, merece toda nuestra atención. Esta propuesta no es solo para periodistas ni medios de comunicación. Nos incluye a todos quienes usamos redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones, buscadores, es decir, a cualquier persona conectada.
Desde el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO), al que pertenezco, se elaboró un informe preliminar sobre este proyecto. Tuve el privilegio de colaborar en su difusión, y una de las cosas que más me hizo reflexionar fue la cantidad de aspectos positivos que plantea y también los vacíos que aún están por resolver.
Antes de entrar en esos puntos, quiero compartir algo que nos pasó en CAESCO hace apenas unas semanas. Publicamos un post que se volvió viral, en el que alertábamos, de forma sencilla y sin generar alarma, sobre una tendencia de imágenes al estilo Ghibli que muchas personas estaban generando con inteligencia artificial. Nuestra intención era explicar que, al subir nuestras fotos para que una aplicación las convierta en dibujos animados, estamos entregando datos biométricos valiosos.
La publicación generó muchos comentarios. Algunos agradecieron la información, pero también recibimos respuestas como “eso no importa, ya todos tenemos Instagram”, o “ahora es que vienen a preocuparse”. Lo que quisimos decir era algo muy básico: no se trata de prohibir, sino de que las personas puedan decidir con conciencia. Cuando tú tienes información, tú tienes poder. Y el poder de decidir con conocimiento es parte fundamental de una sociedad libre.
Ese mismo principio es el que defiende, en gran medida, el proyecto de ley. Pero lo sucedido con esa publicación también revela lo mucho que nos falta como sociedad para entender cómo funciona el mundo digital y cómo nos afecta. Y aquí es donde el proyecto, aunque necesario, se queda corto en algunos aspectos claves.
No contempla de manera específica los riesgos de la inteligencia artificial, ni aborda el uso de tecnologías emergentes como el reconocimiento facial o la vigilancia digital. Son temas urgentes que ya están entre nosotros y que requieren regulación clara. Tampoco propone medidas para promover la educación digital y mediática en la población. ¿Cómo esperamos que la gente tome decisiones informadas si no se les enseña desde la escuela a cuestionar, verificar y entender el entorno digital?
Además, el propuesto Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que sería el ente regulador, concentrará muchas funciones técnicas, normativas y sancionadoras, pero no prevé mecanismos externos de supervisión ciudadana ni espacios independientes para apelaciones. Esto puede abrir espacio a arbitrariedades o falta de confianza.
En cuanto al contexto electoral, el proyecto menciona algunos aspectos de la propaganda política, pero no se refiere a prácticas como el uso de bots, la segmentación oculta de mensajes (microtargeting), ni la manipulación de imágenes o discursos a través de inteligencia artificial (los deepfakes). En tiempos donde las redes pueden moldear opiniones y alterar resultados, esto no debería quedar fuera del marco regulador.
¿Estamos listos como país para exigir responsabilidad digital? ¿Estamos dispuestos a educarnos, a regular lo que debe regularse, a involucrarnos más en vez de solo consumir y quejarnos? ¿O seguiremos entregando nuestros datos y nuestra atención sin saber a quién, para qué o con qué consecuencias?
No se trata solo de proteger la libertad de expresión, se trata de proteger nuestra capacidad de decidir en libertad y con información.
